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Seguridad y Justicia e Inadi presentan un proyecto de ley para ampliar la formación de funcionarios públicos

Reunión de funcionarios.

El ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, junto con el delegado de INADI Salta, Gustavo Farquharson, presentaron hoy un proyecto de ley de Formación, Capacitación y Sensibilización contra la Discriminación en la Administración Pública Provincial.

El proyecto de ley establece la obligatoriedad de capacitación en Derechos y Humanos y no discriminación para todos los miembros de la Administración Pública Provincial, con el objetivo de garantizar la formación y capacitación integral en materia de igualdad e inclusión en la lucha contra la discriminación y de promover la igualdad en la diversidad, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes.

Los lineamientos generales deben contemplar, como mínimo, información referida a discriminación, abordaje jurídico y socio-cultural; gestión de las diversidades. Acceso a derechos, diversidad sexual, introducción a la temática del racismo y la xenofobia desde una perspectiva intercultural, discriminación a las mujeres basadas en el género, Discapacidad, Pueblos Originarios, Migrantes, Colectivo LGBTQ+, Afroargentinidad y colectivos históricamente vulnerados por la discriminación, elaborados por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El proyecto de ley tiene por objeto fortalecer el Plan Nacional Contra la Discriminación. El INADI es el organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios.

Durante el encuentro, el Ministro y el Delegado, se comprometieron a llevar adelante un trabajo conjunto en materia de prevención, lucha, erradicación y asistencia a víctimas de violencia de género y de cumplimiento de los Derechos Humanos y las garantías constitucionales. En ese marco, Farqhuarson propuso la conformación de una Mesa interministerial e interinstitucional para un abordaje conjunto y articulación con otras carteras e instituciones, tales como los Ministerios de Educación y Salud, la secretaría de Derechos Humanos, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Ministerio Público.

 


Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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