Se debate en Buenos Aires la actualización de los principios de Jurisdicción Universal

La ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, y el secretario del área, Martín García Caínzo, participaron  del Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, organizado por la Fundación Internacional Baltazar Garzón, que propone que los delitos económicos como de lesa humanidad.

Durante el encuentro internacional, que sesiona en Buenos Aires hasta hoy en el teatro Cervantes, se instó  a potenciar y vigorizar ese principio jurídico para combatir y prevenir la impunidad en todo el mundo, así como la necesidad de consensuar reglas para su aplicación, que incluyan también delitos de naturaleza económica y los que atenten contra el medioambiente y los sectores más vulnerables.

Durante la jornada expusieron el exjuez español Baltasar Garzón; la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto; y el titular del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, el brasilero Paulo Abrao. El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de Julián Assange, cofundador de Wikileaks mediante una videoconferencia.

Luego del acto inaugural, la ministra Cansino dialogó con Garzón sobre la situación de los juicios por crímenes  de lesa humanidad que se desarrollan en Salta y el proceso de entrega de tierras a pueblos originarios que lleva adelante la Provincia.

El magistrado español destacó que "Argentina está a la cabeza mundial en la práctica, el desarrollo y la investigación judicial de crímenes internacionales de lesa humanidad y genocidio, por eso la elección del lugar para este segundo congreso".

El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de Julián Assange, cofundador de Wikileaks, quien mediante una videoconferencia desde la embajada de Ecuador en Londres donde se encuentra asilado, quien aseguró que el cibercrimen supone una nueva amenaza para los Derechos Humanos.

El encuentro fue organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) que dirige el exmagistrado español. La actividad supone el cierre de un proyecto que comenzó en mayo de 2014 en España con la declaración denominada “Principios de Madrid”, en donde se incluyeron los nuevos principios relacionados con la jurisdicción universal, que tiene como objetivo fundamental la persecución de los delitos que tienen consecuencias devastadoras para la humanidad.

Más allá del catálogo tradicional de crímenes de lesa humanidad, el documento incluyó otros actos punibles como la trata de personas, los delitos medioambientales graves o aquellos cuya repercusión económica suponen una violación de los derechos fundamentales de la población civil.

Durante los dos días dieron su visión sobre el estado de la jurisdicción universal  Paulo Abrao, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur; Joan Garcés, el abogado español que dirigió el proceso judicial contra Augusto Pinochet; Helen Duffy, directora de Human Rights in Practice; Fabricio Guariglia, director de la División de Enjuiciamiento y Apelaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional; Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, fiscal general de Ecuador; y Gina Guillen, responsable de Asuntos Jurídicos de la misión permanente de Costa Rica ante la ONU.

Expusieron también Héctor Sejenovich, premio Nobel de la Paz compartido con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en 2007; Manuel Ollé, doctor en derecho penal por la Universidad Complutense de Madrid; Raji Sourani, fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos; Frank LaRue, exrelator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España; William Bourdon, representante de víctimas en el caso de Hisse`n Habré Tashi; Tsering, Investigador asociado del York Centre for Asian Research de la Universidad de York en Toronto; Fernando Andreu, magistrado instructor de la Audiencia Nacional de España; Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional de España; Naomi Roht-Arriaza, de la Universidad de California Hastings College of Law; George Kegoro, director de la Comisión Internacional de Juristas de Kenya y la guatelamteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, entre otros.