Este año 7000 agentes de la administración pública provincial fueron certificados en Ley Micaela
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo Noticias de Salta Derechos Humanos 22/12/2021 00:16Se realizaron 127 acciones de formación, capacitación y sensibilización a cargo de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades. Agentes de distintos puntos de la provincia participaron y sumaron herramientas en materia de prevención y abordaje de situaciones de violencia por motivos de género.
En total 7000 agentes de la administración pública provincial fueron certificados en Ley Micaela
La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades realizó la entrega de la certificación en Ley Micaela, a agentes de la administración pública provincial y referentes de empresas, que este año fueron capacitados en materia de prevención y abordaje de situaciones de violencia de género.
El pasado 19 de diciembre se conmemoraron tres años desde la Ley Micaela, denominada así en nombre de Micaela García, quién fue víctima de un atroz femicidio. Este crimen marcó a la legislación Argentina y sirvió como un antecedente para la sanción de la Ley Nacional 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
La provincia de Salta, mediante la Ley 8139 adhirió a la legislación nacional y estableció como órgano de aplicación a la Secretaría de Derechos Humanos. La formación tiene como objetivo transmitir los contenidos obligatorios y procedimientos, pero también acompañar cada capacitación con herramientas específicas teniendo en cuenta las funciones y las competencias de cada agenda del Estado.
Durante el encuentro, la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, destacó la importancia de la capacitación para el desarrollo de la tarea de cada agente. “Entender la violencia de género y empezar a mirar con otra perspectiva es fundamental para reducir la brecha de desigualdad y para convertirnos en mejores trabajadoras y trabajadores. Desde la aplicación de la ley, hay un antes y un después. Nuestra misión es dejar capacidad instalada en cada área de Gobierno”, señaló.
En esta temática se formaron este año 7000 personas entre funcionarios y agentes del Ministerio Público, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Infraestructura (Instituto Provincial de la Vivienda), Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo (Polo Integral de las Mujeres), Ministerio de Seguridad y Justicia (Secretaria de Justicia, Servicio Penitenciario, Policía de la Provincia).
“Nuestro objetivo fue capacitar en los temas obligatorios pero también sensibilizar a cada persona y lograr desnaturalizar violencias cristalizadas, arraigadas y sostenidas por la cultura patriarcal. Hoy reconocemos el compromiso de cada participante por sostener la capacitación y le pedidos que lleven adelante acciones de prevención y formación dentro de los organismos a los que pertenecen”, destacó la subsecretaria de Igualdad de Oportunidades, Natalia Fuentes.
La propuesta incluyó el desarrollo de tema como: la influencia de los roles y estereotipos de género como fuente de violencia, diversidades, nuevas masculinidades, políticas públicas con perspectiva de género, prevención y asistencia.
En total, desde la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades se desarrollaron 127 acciones de formación, capacitación y sensibilización, en distintos municipios de la provincia.
Las empresas
Durante el acto también se reconoció el compromiso de las empresas que solicitaron y desarrollaron capacitaciones en la materia. “Agradecemos al sector privado su interés en la incorporación del enfoque de género en las actividades que llevan adelante. Cada una de estas organizaciones entendió la necesidad de desarrollar y fortalecer la vinculación entre las empresas y los derechos humanos.
Las instituciones reconocidas fueron: EDESA, Cresud, Tabes, RAC Construcción y la Federación de Bibliotecas Populares.
Ley Micaela
La Ley Nacional Nº 27499, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin importar la forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñen sus funciones.
El caso de Micaela García dejó a la luz cuánto tiene que ver, la cadena de subjetividades personales en las violencias machistas que se ejercen desde el Estado. Las mayorías de las prácticas que reproducen desigualdades están tan arraigadas y naturalizadas y no se consideran faltas.
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Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
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